Hablan David Lynch (director de cine), Gregg Braden, David Wilcock, David Icke y otros muchos.
Da que pensar, ¿no creéis?
Pero el descontento en la Casa Blanca con la CIA empieza a alcanzar cotas mayúsculas. No es para menos vista la cadena de «éxitos» que en los últimos años ha cosechado. Fallaron en sus informes sobre los arsenales de guerra de Sadam Husein, pusieron en práctica una política de detención e interrogatorio de sospechosos de terrorismo de la que ahora el gobierno no sabe cómo salir, se niegan a dar explicaciones del programa de aviones no tripulados Predator y de sus fallos, y ahora esto.
Obama insistió en que se ha producido una combinación de errores humanos y fallos "sistémicos", "de los que hay que aprender para actuar rápido y corregir las brechas del sistema". Por ello, ahora el país se prepara para dar otra vuelta de tuerca al sistema de seguridad aérea y mejorar los controles, aun a riesgo de hacer más engorroso el embarque, elevar los costes de las compañías y levantar las quejas de los grupos de libertades civiles.
Nos entristece corroborar en la sucesión de acontemientos que el gobierno utiliza la peligrosa situación generada en la votación en el Paquete Telecom en Europa como coartada para justificar la desconexión de internautas con esta nueva ley, tal y como nos temimos cuando dicha votación se llevó acabo. No creemos que sea casualidad que los socialistas hayan esperado a que se apruebe el Tratado de Lisboa y el Paquete Telecom para concretar este atropello constitucional: el Tratado de Lisboa establece la supremacía del derecho comunitario frente al nacional, y este hecho junto con el Paquete Telecom permitirían, como ya explicó en su día el juez del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez Arribas, desactivar las protecciones de nuestra Constitución a los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.
Interesante también este enlace, en el que se reflexiona sobre lo peligroso que es el que un ministerio pueda cerrar páginas web sin pasar por el juzgado:
Como los jueces españoles tienen la mala costumbre de respetar la legalidad y,
sentencia tras sentencia, están dando la razón a las webs de enlaces P2P, la
nueva macroley anulará este penoso trámite –también conocido como juicio justo–
para que sea directamente el Ministerio de Cultura quien decida qué paginas hay
que cerrar en caso de piratería. El precedente es aterrador. Acaba con la
presunción de inocencia y deja abierta la peligrosa puerta de la censura. Si la
piratería es excusa para cerrar una web sin juicio, qué no se hará en el nombre
de otros demonios, como el terrorismo.
De todas formas conviene estar alerta. Esto puede ser una maniobra destinada a desviar la atención. Es una medida impopular que está dando mucho que hablar, y no sería la primera vez que se aprueba una medida de este tipo para generar debate y luego dar marcha atrás, mientras, disimuladamente, ocurre alguna otra cosa que pasa desapercibida. ¿Quizá sólo sea desviar la atención para que nos olvidemos de las lamentables expectativas de la economía española?